preview_32x32Tengo el honor de encabezar, por primera vez, la candidatura socialista a la Alcaldía de Carreño. Soy consciente de la responsabilidad que me han encomendado y la asumo con la plena convicción de que sabré responder al desafío. Mi compromiso viene avalado por hechos: hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Dos son las razones en que se apoya mi seguridad, por un lado, los años de experiencia en la gestión municipal, y, por otro, la ilusión y trayectoria de la gente que me acompaña en esta nueva etapa.

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El Ayuntamiento de Carreño no puede hacerse cargo de obras que corresponden a particulares:

La propiedad de la vivienda afectada por los desprendimientos en el Paseo Marítimo recibió más de 21.000 € para realizar las obras de protección de su vivienda en el 2.007 y no realizó las obras. Así se refleja en la sentencia dictada.

La Sentencia anula la orden que el Ayuntamiento dictó para obligar a la propiedad a proteger su propia casa con el dinero que había recibido. Y la anula porque entiende que la protección de la vivienda es una cuestión que debe decidir la propiedad sin que pueda ser obligada a ello.
No obstante, sí queda de manifiesto que la propiedad recibió 21.500,95 euros para proteger su vivienda y no lo invirtió en esa protección.
La Sentencia no condena al Ayuntamiento ni a realizar las obras de protección, ni a ninguna otra obligación, ni siquiera al pago de las costas del juicio.
La Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Gijón dictada el 4 de diciembre de 2015 indica que en el año 2007 la propiedad de la vivienda del paseo marítimo afectada por los argayos recibió en virtud de sentencia, la cantidad de 14.404,37 euros, más los intereses legales por daños, y, además, 21.500,95 euros que era el coste de las obras necesarias para proteger su vivienda, a costa de los promotores, constructores y técnicos de la obra colindante cuya edificación fue la causante de los desprendimientos habidos en la zona en el año 2.000.
Ante esta situación, el propio perito geólogo de la familia informó que la afección a la vivienda por el nuevo argayo de 2013 no se hubiera producido de haberse realizado correctamente las obras de protección, de ahí que el Ayuntamiento ordenase a la propiedad de la vivienda realizar aquellas obras, pues para ello había recibido la cantidad señalada. Literalmente dice la Sentencia:
“En efecto, la orden de ejecución que contiene la resolución recurrida se fundamenta, en definitiva, en la obligación que tiene la actora de realizar las obras acordadas en las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Gijón, ya reseñadas, en virtud de la transformación de la condena de hacer no personalísima en la entrega de una cantidad de dinero a la recurrente”.
En el pleito ahora resuelto, la propiedad admite que no realizó las obras de protección de su vivienda, pero señalada que la inversión del dinero recibido es una potestad que sólo a ella corresponde ejercer y que no puede ser obligada a ello por el Ayuntamiento de Carreño. Dice la Sentencia:
“Tal y como se razona en la demanda, el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia, constituye un derecho de la actora, que surge de una relación jurídico-privada y no es un deber que la misma tenga que soportar. Es la recurrente la acreedora de la obligación de hacer que impusieron dichas sentencias, condición de acreedor que no pierde por el hecho de que tal obligación se transformase en otra de entrega de dinero”.
Y de ahí que al tratarse, según la Sentencia, de una potestad de la propiedad, el Ayuntamiento no pueda obligar a la realización de las obras a quien recibió el dinero para hacerlas, al tratarse de un pleito entre privados.
Señala La Sentencia:
“Si la recurrente no llevó a cabo las obras acordadas en la sentencia de 18-3-05 con el dinero en su día percibido, tal actuación no permite al Ayuntamiento alterar la posición procesal de aquella, convirtiéndola en deudora de una obligación de hacer a la que nunca fue condenada, porque era precisamente la beneficiaria de tal condena”.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias; de ahí que el Ayuntamiento estudiará si la recurre o simplemente la acata.

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